Sin embargo, no escapa a la crisis que sacude al peronismo. Esa fuerza, ya dividida, se vio golpeada por los resultados de las PASO.

En declaraciones ante medios de comunicación, Urtubey afirmó que el peronismo “está atravesando una crisis complicada", pero señaló que no “no es una situación terminal". La afirmación resulta comprensible. En general, nadie dice que su partido está muerto.

El salteño habló de la expresidenta Cristina Fernández. "Es una dirigente que tiene un peso importante", señaló. Luego agregó que "acaba de obtener un buen resultado electoral en la provincia más grande de la Argentina". Sin embargo, para Urtubey “pretender proyectar algo más grande a partir de eso es muy aventurado”.

Urtubey ha estado entre los gobernadores peronistas más cercanos al oficialismo de Cambiemos. El tono conciliador volvió a expresarse en las declaraciones de este sábado.

"Tenemos que empezar a trabajar en la construcción de un espacio que permita darle gobernabilidad a la Argentina, colaborar para que el Gobierno pueda funcionar bien y, en paralelo, empezar a construir una alternativa competitiva para 2019", declaró.

Urtubey además señaló que "el ciudadano común aplaude al dirigente que acompaña y apoya porque cree que a la Argentina hay que hacerla entre todos".

La elección del domingo pasado dejó golpeados a muchos gobernadores peronistas. Eso complica el escenario de esa fuerza hacia 2019.

La fiscal federal Paloma Ochoa requirió ayer el inicio de una causa penal contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el nombramiento de un subsecretario de Estado que regulará las represas en Santa Cruz.

Fuentes judiciales adelantaron que la funcionaria del Ministerio Público también incluyó en su dictamen al otro denunciado, el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, que antes habría sido directivo de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (IATASA).

La fiscal solicitó al juez federal Sebastián Ramos que impulse la causa penal contra los tres funcionarios, que habían sido denunciados en julio pasado por el senador Fernando Solanas y el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale.

Ambos lados del mostrador

La denuncia exigió que se investigue si Aranguren, Alonso y Marcolini incurrieron en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Según la denuncia Marcolini "como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de elaborar el informe ambiental de la obra" de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz.

El documento agrega que "la misma persona que realizó el informe (Marcolini) en forma privada; ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba".

Se acusa que fue "ilegal la designación de Marcolini como funcionario", y "está conectado con la voluntad política de que este continúe a cargo de una obra que recomendó y avaló como profesional privado y así avanzar con este monumental proyecto hidroeléctrico a cualquier costo".

Por su parte, la denuncia afirmó que Alonso "tiene cajoneada en la Oficina Anticorrupción desde noviembre del año pasado una denuncia de las ONG's sobre este conflicto de intereses de Marcolini.

Esta nueva denuncia se suma a las decenas que hay en la Oficina Anticorrupción, los “conflictos de interés” abundaron en el Gobierno de los Ceo desde el escandaloso acuerdo con el Correo Argentino o Avianca, el mismo ministro Aranguren ya fue acusado de beneficiarse con las subas de tarifas por poseer acciones en la petrolera Shell, o el caso de Panamá Papers y la lista podría seguir. La Ceocracia no es muy diferente a otros Gobiernos que aprovecharon su paso en el estado para hacer millonarios negocios.

Fuente: DyN LID